Se cumplen 25 años de impunidad y tortura policial en la contracumbre del G8 en Génova

El 20 de julio de 2001 el joven de 23 años Carlo Giuliani fue asesinado por el disparo de un carabinero en la plaza Alimonda. Las fuerzas de represión policiales dejaron también un saldo de más de 300 personas detenidas, 560 hospitalizadas y alrededor de 1.500 manifestantes atendidos por servicios médicos voluntarios pues evitaron acudir a hospitales por miedo a nuevas represalias. Entre las víctimas de la represión policial del 2001 en Génova hubo al menos quince activistas aragoneses. Los casos de los zaragozanos Adolfo Sesma “Fito” y Luis Alberto Lorente “Loren”, torturados en el cuartel de Bolzaneto y posteriormente reconocidos como víctimas por la justicia europea, se convirtieron en Aragón en símbolo de aquella represión. Veinticinco años después de las movilizaciones contra la cumbre del G8 celebrada en Génova, la memoria de aquellas jornadas vuelve a situarse en primer plano. El colectivo antimilitarista aragonés Mambrú, con motivo del aniversario reivindica la lucha por “la verdad, la justicia y la reparación” y denuncia que la impunidad policial y política continúa proyectándose sobre unos hechos que marcaron a toda una generación implicada en los movimientos sociales. En Aragón, el aniversario adquiere además una dimensión propia. Durante aquellas jornadas de julio de 2001, quince activistas aragoneses sufrieron detenciones arbitrarias, brutales palizas y torturas a manos de las fuerzas de seguridad italianas, especialmente tras el asalto policial a la escuela Díaz y su posterior traslado al cuartel de Bolzaneto. Los casos de los zaragozanos Fito y Loren terminaron convirtiéndose en los dos rostros más conocidos en nuestro país, junto al del joven asesinado Carlo Giuliani, de aquella represión. Ambos aragoneses fueron acusados falsamente de delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, tenencia de explosivos o atentado contra la autoridad, permanecieron encarcelados y sufrieron graves torturas y malos tratos. Años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabaría condenando al Estado italiano por aquellas vulneraciones y cuatro agentes italianos serían finalmente condenados por la detención ilegal y las torturas infligidas a los activistas aragoneses. "Escribo desde Zaragoza, a 1.128 kilómetros de Génova" Otro de los activistas aragoneses, Chabier Nogueras, integrante del colectivo antimilitarista zaragozano Mambrú y participante directo en aquellas movilizaciones relata su experiencia en El Salto: Génova 2001-2026. ¡25 años y qué! “Escribo esto para nadie y para todo el mundo”, comienza el autor, quien recuerda que redacta el texto “desde mi Zaragoza natal, a 1.128 kilómetros de Génova”, ciudad en la que asegura que “volví a nacer”. Según explica, los veinticinco años transcurridos no han borrado el impacto de aquellos acontecimientos, sino que refuerzan la necesidad de que sean las propias personas que los vivieron quienes los narren para impedir que el relato oficial termine imponiéndose. Nogueras sostiene que durante este cuarto de siglo quienes participaron en aquellas protestas han mantenido un compromiso constante por “hacer verdad, justicia y reparación”, un trabajo que, afirma, continuará con los actos de memoria previstos estos días en la ciudad italiana. Una movilización global respondida con violencia policial masiva. El autor recuerda la enorme dimensión de la contracumbre celebrada en julio de 2001. Cerca de 300.000 personas participaron en las movilizaciones contra el G8, frente a un despliegue de alrededor de 18.000 policías y carabinieri. El balance oficial dejó más de 300 personas detenidas, 560 hospitalizadas y alrededor de 1.500 manifestantes atendidos por servicios médicos voluntarios que evitaron acudir a hospitales por miedo a nuevas represalias. Entre quienes participaron se encontraba un grupo de catorce integrantes del Movimiento de Resistencia Global de Zaragoza, dos de los cuales fueron detenidos durante una manifestación y otros once en el posterior asalto policial a la escuela Díaz. De las 93 personas arrestadas en la escuela, recuerda el autor, 82 resultaron heridas, 63 necesitaron atención médica urgente y tres permanecieron en estado grave. Tras el asalto a la escuela Díaz, los detenidos fueron trasladados al cuartel militar de Bolzaneto, convertido durante aquellos días en un centro clandestino de detención donde numerosas manifestantes denunciaron torturas físicas y psicológicas. Nogueras relata que los detenidos fueron golpeados brutalmente antes de ser repartidos entre distintas prisiones italianas y recibir órdenes de expulsión sustentadas en acusaciones que años más tarde serían declaradas ilegales por los tribunales italianos. Aquellas imputaciones incluían cargos por “asociación para delinquir, devastación y saqueo, resistencia agravada o posesión de explosivos”, un relato judicial que terminó desmoronándose gracias al trabajo desarrollado durante años por equipos jurídicos y organizaciones internacionales de apoyo a las víctimas. Veinticinco años de lucha contra la impunidad La perseverancia de las víctimas consiguió desmontar la versión oficial del Estado italiano. El trabajo desarrollado por el Genoa Legal Forum, el Comitato Verità e Giustizia per Genova, el Comitato Piazza Carlo Giuliani, colectivos sociales genoveses y numerosas organizaciones internacionales permitió abrir grandes procesos judiciales y lograr condenas históricas contra responsables policiales. Sin embargo, Nogueras denuncia que la inexistencia del delito de tortura en la legislación italiana durante aquellos años facilitó que buena parte de los delitos prescribieran antes de dictarse sentencia definitiva. Posteriormente, el Tribunal Supremo italiano condenó a varios altos cargos policiales por falsedad documental y calumnias, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado italiano por las torturas cometidas tanto en Bolzaneto como durante el asalto a la escuela Díaz, obligando además al país a incorporar finalmente el delito de tortura a su ordenamiento jurídico. Pese a ello, denuncia el Nogueras, numerosos mandos policiales continuaron desarrollando sus carreras e incluso fueron ascendidos dentro de las estructuras de seguridad del Estado italiano. Los manifestantes convertidos en “cabezas de turco” El colectivo antimilitarista Mambrú también recuerda el macroproceso abierto contra 25 manifestantes seleccionados de forma aleatoria a partir de fotografías y grabaciones televisivas. Aunque quince fueron finalmente absueltos por falta absoluta de pruebas, diez activistas recibieron condenas de entre seis y catorce años de prisión aplicando el antiguo Código Rocco, heredado de la época fascista. Nogueras considera que aquellas condenas constituyeron una forma de justificar retrospectivamente la violencia policial ejercida durante la cumbre y contrapone ese tratamiento judicial al hecho de que prácticamente ningún policía condenado por las torturas llegara a ingresar en prisión. Carlo Giuliani, símbolo de una generación El aniversario vuelve inevitablemente sobre la figura de Carlo Giuliani, el joven de 23 años asesinado el 20 de julio de 2001 por el disparo de un carabinero en la plaza Alimonda. El tratamiento judicial de su muerte constituye “el capítulo más indignante” de toda aquella historia. Recuerda Nogueras que la investigación aceptó la versión según la cual el disparo habría rebotado previamente en una piedra antes de alcanzar ‘accidentalmente’ al joven y que posteriormente el vehículo policial pasó dos veces sobre su cuerpo durante una supuesta ‘maniobra de escape’. Aunque inicialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionó diversos aspectos de la investigación, finalmente la Gran Sala terminó considerando que el uso de la fuerza letal no vulneró el derecho a la vida al apreciar que el agente actuó en legítima defensa. “La verdad la ganó la gente” Pese a las limitaciones judiciales, la batalla por el relato fue ganada por quienes documentaron lo ocurrido. Nogueras recuerda que la investigación impulsada por los movimientos sociales reunió 600 horas de grabaciones, 24.000 fotografías y 23.000 páginas de documentación jurídica que permitieron desmontar la versión oficial según la cual la policía únicamente habría actuado contra “supuestos terroristas”. Para el colectivo Mambrú, Génova permanece como “sinónimo de barbarie estatal” y como un ejemplo de la violencia ejercida por los Estados frente a la disidencia política organizada. Nogueras sostiene que el objetivo real de aquella actuación era desactivar el movimiento antiglobalización mediante un castigo ejemplarizante dirigido a sembrar el miedo y desmovilizar la protesta social. Chabier Nogueras establece un paralelismo entre las reivindicaciones del movimiento antiglobalización de 2001 y muchos de los conflictos actuales. En su artículo, publicado por El Salto, sostiene que las amenazas denunciadas entonces —el cambio climático, las guerras por los recursos, la militarización, el poder de las grandes corporaciones o el fortalecimiento de la extrema derecha— siguen plenamente vigentes. En palabras del autor, “Génova 2001 es un ejemplo elocuente de la violencia que ejercen los Estados contra la disidencia política” y constituye “un símbolo histórico de la lucha por la verdad y la rendición de cuentas por la violación de nuestros derechos fundamentales”. Añade además que quienes resistieron en 2001 “no faltaremos a las nuevas Génovas por venir”. En Aragón, aquel legado permanece estrechamente ligado a la memoria de quienes regresaron con secuelas físicas y psicológicas, pero también con una larga batalla judicial que terminó convirtiéndose en uno de los casos más relevantes de reconocimiento internacional de las torturas sufridas durante las protestas contra el G8. Durante estos años, AraInfo ha recordado la figura de Carlo Giuliani y el testimonio de los activistas aragoneses como parte de la memoria de aquellas jornadas de julio de 2001.