La comunidad educativa rechaza contundentemente la estrategia de la DGA: “Azcón traiciona, de nuevo, a la escuela pública aragonesa”

El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón en la coalición trumpista PP-Vox, fue el único ejecutivo que no apoyó el reparto estatal de fondos para climatizar centros educativos ante el calor extremo, al exigir que el dinero público se destinara también a colegios concertados-privados. CGT exige al Gobierno de Aragón ejecutar de inmediato los casi siete millones destinados por el Estado a climatizar la escuela pública y acusa a Azcón de priorizar la concertada El sindicato denuncia que el Ejecutivo aragonés fue el único del Estado que no respaldó el reparto de fondos para mejorar las condiciones térmicas de los centros públicos, reclama un plan urgente de actuación y sostiene que las altas temperaturas en las aulas ponen en riesgo la salud de alumnado y profesorado. La Federación de Enseñanza de CGT Aragón ha reclamado al Gobierno de Aragón que ponga en marcha “sin dilación” un plan urgente de climatización de los centros educativos públicos no universitarios con cargo a los casi siete millones de euros que el Estado ha destinado a nuestro país para este fin. El sindicato considera que la situación de numerosos colegios e institutos aragoneses se ha convertido en un problema estructural que exige actuaciones inmediatas y critica con dureza que el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón fuera el único del Estado que no respaldó el reparto de estos fondos al defender que también pudieran beneficiar a la enseñanza concertada-privada. Para la organización sindical, el debate no puede centrarse en el destino de unos recursos concebidos para mejorar las infraestructuras públicas, sino en la necesidad de responder con urgencia a unas condiciones ambientales que, según denuncian desde hace tiempo, dificultan el normal desarrollo de la actividad educativa y afectan tanto al alumnado como al conjunto del personal docente. Desde CGT Enseñanza sostienen que las olas de calor cada vez son más frecuentes y prolongadas y que buena parte de los edificios escolares aragoneses no están preparados para soportar temperaturas extremas. La organización considera que esta situación ha dejado de ser excepcional para convertirse en un problema recurrente que obliga a actuar sobre las instalaciones. El portavoz del sindicato, José Luis Ruiz, asegura que “la situación de los centros educativos aragoneses es insostenible en cuanto las temperaturas superan los 30 grados2, una circunstancia que, afirma, sucede cada vez durante más días al año. En su opinión, ello supone un riesgo para la salud del alumnado y del profesorado y hace imprescindible que el Departamento de Educación de la DGA concrete cuanto antes qué actuaciones pretende desarrollar con los fondos estatales destinados específicamente a la climatización de los centros públicos. La central sindical sostiene que no existen motivos para seguir retrasando la ejecución de estas inversiones y critica que pueda iniciarse un nuevo curso sin que se hayan adoptado medidas eficaces para corregir una situación que consideran perfectamente conocida por la Administración educativa aragonesa. CGT realiza una valoración especialmente dura de la actuación del Ejecutivo de Azcón durante los últimos meses. Según expone, el Departamento de Educación ha mantenido una actitud pasiva ante un problema que, a juicio del sindicato, únicamente comenzó a abordar cuando las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y la repercusión pública de la situación obligaron al Gobierno aragonés a reaccionar. Entre las escasas actuaciones emprendidas hasta el momento, el sindicato menciona la climatización de algunas sedes utilizadas durante los procesos selectivos de oposiciones docentes. Sin embargo, considera que estas medidas resultan claramente insuficientes y reprocha al Ejecutivo que haya dejado transcurrir prácticamente un curso completo antes de poner en marcha una encuesta dirigida a los centros educativos para conocer sus necesidades. La organización también cuestiona el anuncio realizado por el Gobierno de Aragón sobre una inversión de dos millones de euros destinada a actuaciones de climatización. A juicio de CGT, esa cantidad queda muy lejos de las necesidades reales del sistema educativo público y contrasta con otras prioridades presupuestarias del Ejecutivo PP-Vox. En este sentido, el sindicato contrapone esos dos millones anunciados para mejorar las condiciones térmicas de los centros con los veinte millones que, según denuncia, el Gobierno aragonés estaba dispuesto a destinar a la extensión del Bachillerato concertado-privado. Para la organización, esta comparación evidencia cuáles son las prioridades políticas del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón. Otro de los aspectos que centra la crítica sindical es la posición mantenida por el Gobierno de Aragón durante el reparto de los recursos impulsados por el Estado para climatizar centros educativos públicos. CGT recuerda que Aragón fue el único país que no respaldó el acuerdo, al defender que parte de esos fondos también pudieran destinarse a centros privados concertados. Desde el sindicato consideran que esa postura supone desvirtuar el objetivo de unas ayudas concebidas específicamente para mejorar edificios públicos. La organización rechaza frontalmente esa posibilidad y sostiene que el dinero público debe invertirse exclusivamente en infraestructuras públicas. A su juicio, resulta inaceptable que recursos destinados a mejorar las condiciones de la enseñanza pública puedan acabar beneficiando a empresas privadas encargadas de gestionar centros concertados. Ante esta situación, CGT anuncia que exigirá al Gobierno de Aragón la ejecución inmediata de la totalidad de la partida económica asignada para climatizar los centros educativos públicos aragoneses. Según explica José Luis Ruiz, la urgencia de actuar responde tanto a la necesidad de resolver un problema que afecta directamente a la salud y al bienestar de miles de personas como a la desconfianza que, afirma, genera la gestión realizada hasta ahora por el Ejecutivo aragonés. Desde el sindicato consideran que el Gobierno está demostrando, en su opinión, una mayor preocupación por incrementar la financiación destinada a la enseñanza concertada-privada que por garantizar unas condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado de la red pública. Por ello, reiteran que el conjunto de estos recursos debe emplearse íntegramente en climatizar edificios públicos y en dotarlos de instalaciones que permitan afrontar las altas temperaturas derivadas del cambio climático. En este contexto, CGT considera que la llegada de financiación estatal ofrece una oportunidad para abordar de forma estructural un problema que afecta a numerosos colegios e institutos aragoneses y reclama al Gobierno de Aragón que abandone cualquier demora administrativa y ejecute cuanto antes unas inversiones que, según insiste el sindicato, resultan imprescindibles para garantizar unas condiciones dignas de enseñanza y de trabajo en la escuela pública. CCOO: “Azcón se abstuvo en el reparto de fondos para climatizar la escuela pública mientras mantiene sin ejecutar casi cinco millones de euros” La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón acusa al Gobierno aragonés de anteponer la defensa de la enseñanza concertada-privada a las necesidades de la red pública, reclama la ejecución íntegra de los 6,9 millones asignados por el programa PREE Docente y exige una mesa sectorial para planificar las inversiones. La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha cargado con dureza contra el Gobierno de Aragón tras conocerse que nuestro país fue el único del Estado que no respaldó el reparto de los fondos destinados a la climatización de centros educativos y sanitarios públicos durante la última Conferencia Sectorial de Energía. Para el sindicato, la abstención del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón supone una nueva muestra de su falta de compromiso con la escuela pública y contrasta con el hecho de que el propio Gobierno aragonés mantiene sin ejecutar buena parte de los recursos de los que ya dispone para mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos aragoneses. La organización sindical sostiene que la actuación del Ejecutivo resulta “irresponsable” tanto por la posición mantenida durante el reparto de los nuevos fondos estatales como por la gestión realizada hasta ahora de los recursos asignados a Aragón para la rehabilitación energética de colegios e institutos públicos. CCOO recuerda que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el reparto de 368 millones de euros destinados a actuaciones de climatización y eficiencia energética en centros sanitarios y educativos públicos de todo el Estado. Durante esa reunión, según recoge el sindicato, la vicepresidenta tercera del Gobierno del Estado español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que la propuesta fue respaldada por todas las comunidades autónomas, excepto por nuestro país: Aragón, cuya representación optó por abstenerse. De acuerdo con la información trasladada por el sindicato, el Ejecutivo aragonés defendía que esos recursos también pudieran destinarse a centros concertados-privados y no únicamente a la red pública, finalidad para la que habían sido concebidos. Para CCOO, esa decisión evidencia una estrategia política que vuelve a situar los intereses de la enseñanza concertada-privada por delante de las necesidades de los centros públicos, precisamente cuando miles de estudiantes y docentes continúan soportando temperaturas extremas durante buena parte del calendario escolar. La Federación de Enseñanza considera especialmente llamativo que el Gobierno de Aragón mantenga esta posición cuando todavía no ha ejecutado la mayor parte de los fondos que ya tiene asignados para mejorar la eficiencia energética de los centros docentes públicos. Según explica el sindicato, Aragón dispone de 6.908.677 euros procedentes del programa PREE Docente, financiado a través del Fondo de Eficiencia Energética, destinados específicamente a actuaciones de rehabilitación térmica en centros públicos no universitarios. Sin embargo, denuncian que el Departamento de Educación únicamente ha anunciado actuaciones por valor de dos millones de euros, dejando sin comprometer más de dos tercios de la financiación disponible, cerca de cinco millones de euros que continúan pendientes de ejecución. Para la organización sindical, resulta contradictorio reclamar modificaciones en el reparto de nuevos fondos mientras una parte muy importante de los recursos ya disponibles permanece, según su expresión, “guardada en un cajón”. CCOO sostiene que la climatización de los centros educativos no constituye un problema nuevo, sino una emergencia que la Administración aragonesa lleva años sin afrontar de manera adecuada. Según expone el sindicato, alumnado y profesorado continúan desarrollando su actividad en numerosos colegios e institutos donde las temperaturas alcanzan niveles incompatibles con unas condiciones normales de trabajo y aprendizaje. La organización recuerda que el Gobierno de Aragón ha recibido reiterados requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo para corregir las elevadas temperaturas registradas en las aulas, sin que, a su juicio, haya adoptado las medidas necesarias para solucionar el problema. CCOO considera que esta situación afecta tanto a la salud laboral del personal docente como al bienestar del alumnado y advierte de que las condiciones térmicas extremas dificultan gravemente el desarrollo normal de la actividad educativa. La Federación de Enseñanza recuerda que la falta de respuesta del Ejecutivo aragonés ha obligado al sindicato a trasladar el conflicto al ámbito judicial. Según explica, la denuncia presentada es el resultado de más de un año de actuaciones sindicales y legales desarrolladas en las comarcas aragonesas, durante el cual la organización afirma haber intentado sin éxito que el Departamento de Educación atendiera las recomendaciones formuladas por la Inspección de Trabajo. El sindicato sostiene que la judicialización del conflicto responde al “ninguneo sistemático” que, a su juicio, ha mantenido la Administración aragonesa respecto a las reclamaciones planteadas para garantizar unas condiciones adecuadas en los centros educativos públicos. Ante esta situación, CCOO exige a la consejera de Educación la convocatoria inmediata de una mesa sectorial en la que se planifique de forma transparente la utilización de la totalidad de los fondos asignados a Aragón. El sindicato considera prioritario establecer un calendario de actuaciones que permita intervenir primero en aquellos centros que acumulan un mayor número de denuncias o presentan las peores condiciones de climatización. Asimismo, recuerda que los recursos del programa PREE Docente están específicamente destinados a financiar actuaciones como la mejora de la envolvente térmica de los edificios, la renovación de instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación mediante sistemas energéticamente eficientes, así como la implantación de tecnologías de automatización, control e iluminación. El plazo para ejecutar estas inversiones se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque CCOO advierte de que, si finalmente no se utilizan, deberán devolverse al Estado. La Federación de Enseñanza concluye reclamando al Gobierno de Aragón que abandone cualquier estrategia dilatoria y ponga en marcha de forma inmediata todas las actuaciones previstas. Desde el sindicato sostienen que los fondos procedentes del Estado y de la Unión Europea deben destinarse íntegramente a mejorar la escuela pública y advierten de que mantendrán la presión institucional, sindical y judicial si el Ejecutivo continúa sin ejecutar la mayor parte de los recursos disponibles. “No vamos a permitir que se racaneen fondos que vienen de Europa y del Estado para la salud de nuestros hijos e hijas y de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública. Si el Gobierno de Aragón insiste en guardar en el cajón casi cinco millones de euros de los fondos de eficiencia energética, nos encontrará enfrente”, concluye CCOO Aragón. AEDIPA reclama explicaciones al Gobierno de Aragón por renunciar a los fondos para climatizar la escuela pública: “Las comunidades educativas merecen una respuesta” Por su parte, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria de Aragón expresa su “firme rechazo” a la abstención del Ejecutivo aragonés en el reparto de financiación estatal para climatizar centros públicos y recuerda que alumnado y profesionales soportan cada curso temperaturas que superan los límites recomendados por la normativa de prevención de riesgos laborales. La Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA) ha hecho pública una carta abierta en la que muestra su “firme rechazo” a la decisión del Gobierno de Aragón de abstenerse durante la Conferencia Sectorial en la que se aprobó el reparto de fondos estatales destinados a mejorar la climatización de los centros educativos públicos. La entidad, que representa a los equipos directivos de colegios públicos aragoneses, reclama explicaciones al Ejecutivo y sostiene que las comunidades educativas tienen derecho a conocer las razones de una decisión que afecta directamente a las condiciones en las que miles de estudiantes y profesionales desarrollan su actividad cada día. La asociación evita entrar en la confrontación política y centra su mensaje en la realidad cotidiana que viven los centros escolares. Desde la experiencia diaria de quienes dirigen los colegios públicos, AEDIPA considera que la mejora de las condiciones térmicas de los edificios constituye una necesidad urgente y no entiende que Aragón decidiera no respaldar una financiación concebida precisamente para afrontar ese problema. En su carta abierta, AEDIPA recuerda que las elevadas temperaturas en numerosos colegios públicos forman parte de la realidad cotidiana de los equipos directivos al finalizar el curso escolar y durante buena parte del periodo lectivo. La asociación explica que alumnado, docentes y resto del personal educativo desarrollan su trabajo durante semanas en edificios que, en muchos casos, registran temperaturas muy superiores a las recomendadas para espacios cerrados de trabajo sedentario. Según expone la organización, numerosos centros superan ampliamente los 27 grados centígrados, temperatura que la normativa de prevención de riesgos laborales establece con carácter general como límite máximo para este tipo de actividades. Ante esta situación, los directores y directoras consideran difícil comprender la decisión del Gobierno aragonés de abstenerse en una votación destinada precisamente a facilitar recursos para corregir estas deficiencias. Para AEDIPA, no se trata únicamente de una cuestión relacionada con el confort de las instalaciones, sino de garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar, aprender y trabajar en los centros públicos. Uno de los ejes principales de la carta abierta es la ausencia de información trasladada por la Administración educativa a quienes gestionan diariamente los colegios públicos. La asociación señala que las informaciones difundidas por distintos medios de comunicación apuntaban a que la abstención del Gobierno de Aragón habría estado motivada porque la convocatoria estatal limitaba las ayudas a la red pública y no contemplaba a los centros concertados-privados. Sin embargo, AEDIPA subraya que el Departamento de Educación no ha comunicado oficialmente esa circunstancia a los equipos directivos ni ha ofrecido una explicación institucional sobre los motivos que llevaron al Ejecutivo aragonés a adoptar esa posición durante la Conferencia Sectorial. La organización considera que esa falta de información genera incertidumbre entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir los colegios y planificar el funcionamiento de los centros educativos. AEDIPA insiste en que las consecuencias de la falta de inversiones en climatización no recaen únicamente sobre los equipos directivos, sino sobre el conjunto de la comunidad educativa. La asociación recuerda que miles de familias confían cada día en la escuela pública y que alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y equipos directivos comparten unos edificios que, en muchos casos, no están adaptados para afrontar las altas temperaturas que se registran con creciente frecuencia durante los meses lectivos. Por ello, la entidad considera que las explicaciones no deben dirigirse exclusivamente a las organizaciones profesionales o sindicales, sino también a todas las personas que forman parte de la escuela pública aragonesa. “Las familias, el alumnado, los profesionales y los equipos directivos de los centros públicos merecen conocer las razones de una decisión que afecta directamente a las condiciones en las que enseñamos y aprendemos cada día”, sostiene la asociación en su carta abierta. Los directores y directoras recuerdan que son quienes conviven diariamente con las dificultades derivadas del exceso de calor en las aulas y quienes deben organizar la actividad escolar cuando las temperaturas dificultan el desarrollo normal de las clases. Con esta carta abierta, AEDIPA sitúa el foco en la necesidad de que el Departamento de Educación informe de manera clara sobre los criterios que guiaron la posición del Gobierno de Aragón en el reparto de los fondos estatales para climatización. La asociación considera que la escuela pública aragonesa necesita respuestas y reclama que las comunidades educativas conozcan por qué el gobierno de nuestro país decidió abstenerse en una financiación destinada a mejorar las condiciones materiales de los centros públicos. Desde AEDIPA concluyen que la cuestión trasciende el debate administrativo y afecta directamente al bienestar del alumnado, del profesorado y del conjunto de profesionales que cada curso desarrollan su trabajo en los colegios públicos de Aragón, razón por la que insisten en que la ciudadanía merece una explicación oficial sobre una decisión con consecuencias para toda la comunidad educativa.